Cerrado el grifo a los aplazamientos de IVA

Con la nueva redacción al art. 65.2 aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre con el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre quedarán afectados miles de pymes y autónomos que solicitan cada trimestre el aplazamiento o fraccionamiento del pago del IVA.

No se podrán aplazar las siguientes deudas tributarias:

 

 - Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimadas dictadas en recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

 -  Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

- Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades.

En las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, del segundo guion,  implica que, para las liquidaciones de I.V.A. correspondientes al 4º Trimestre de 2016, que presentaremos en Enero de 2017, ya no podrá solicitarse aplazamiento ni fraccionamiento, cuya excepción será difícil de justificar sobre todo si es una factura de menos de 1.000 euros, que se puede pagar en efectivo. Además las solicitudes que se presenten no serán admitidas y se aplicarán sobre ellas los consiguientes recargos sobre incumplimiento de plazos.

Aunque la esperanza para autónomos y pequeñas empresas viene de la mano de La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) que ha iniciado una negociación con Hacienda para lograr que se permita que los autónomos y las pequeñas empresas puedan postergar el pago del IVA. Habrá que esperar que se suavicen las restricciones que aprobó el Gobierno y estar atento a las próximas noticias.

 

Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

El pasado 29 de noviembre, el pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar la proposición de Ley de reformas urgentes para el trabajo autónomo presentada por Ciudadanos recabando el apoyo de PP, PSOE y Podemos.

 

Las medidas se pueden resumir en estos puntos fundamentales:

  1. Reducir las cargas administrativas como los recargos por el ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de un 3% inicial hasta el 20% recogido. Actualmente por no abonar en plazo dichas cuotas el recargo inicial es del 20 %. Modificar el sistema de altas y bajas a la Seguridad Social, de modo que se cotice por los días de alta efectiva, no como ahora que los autónomos deben cotizar el mes completo, independientemente de la fecha de su alta.
  2. la ampliación de la cuota reducida de 50 euros para los nuevos autónomos hasta los doce meses, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda en lugar de los seis meses actuales.
  3. Mejora de la bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad.
  4. Aclara los supuestos de deducibilidad de los gastos relacionados con el vehículo, suministro eléctrico y de agua evitando así la discrecionalidad en las comprobaciones e inspecciones que realiza la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y realzando el principio de seguridad jurídica.

Una Sentencia declara exenta del IRPF la prestación por maternidad

El Tribunal Superior Justicia de Madrid, en Sentencia de 6 de julio de 2016 , devuelve a una contribuyente el IRPF la cantidad de 3.135 Euros, que pago en concepto de IRPF, al recibir una prestación por maternidad del ejercicio 2009. Esta sentencia abre la puerta a futuras reclamaciones.

 

La Sala considera que la prestación por maternidad debe estar "forzosamente" dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF está incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) LIRPF, que reconoce el beneficio tributario.
La postura del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid que desestimó devolver el dinero al contribuyente por entender que tales rentas estaban sujetas a IRPF como "rendimiento del trabajo" y que únicamente están exentas de tributación las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción de hijos a cargo y orfandad, y también aquellas prestaciones públicas por maternidad percibidas "de las comunidades autónomas o entidades locales". En este caso la prestación por maternidad fue abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Trabajo, no siendo, por tanto, una prestación percibida de las comunidades autónomas o entidades locales, "como establece la norma".
Sin embargo, el TSJM entiende que del texto contenido en la exposición de motivos de la ley del IRPF se desprende que la exención que se establece comprende la prestación por maternidad y no sólo por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades. Ahora bien, el efecto de la sentencia se circunscribe al caso en litigio y no genera jurisprudencia ni obliga a la Agencia Tributaria a modificar su criterio, aunque sí abre la puerta a que las contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde 2012 (los periodos anteriores están prescritos) reclamen la devolución del IRPF. Es decir, Hacienda seguirá negando la exención y habrá que acudir a la vía de devolución, pero la sentencia parece que anima a solicitarla.
Como hemos dicho, se prevé que Hacienda deniegue la solicitud y que la sentencia anime a otros contribuyentes a reclamar la devolución de estas cantidades, que deberá hacerse primero acudiendo al Tribunal Económico Administrativo y posteriormente, al Tribunal Superior de Justicia de la CCAA respectiva. Vía que, mientras no cambie la norma, es la adecuada para evitar la posible sanción por no tributar lo debido por la prestación.

Trabajo y jubilación

El Gobierno quiere que quien trabaje tras jubilarse pueda cobrar su sueldo y el 100% de la pensión

 

            La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Bañez, ha planteado, como compromiso para la próxima legislatura, hacer compatible el cobro del 100% de la pensión con el empleo, con el único requisito de haber llegado a la edad ordinaria de jubilación, es decir, a los 65 años.
            Esta medida es aplicable a cualquier empleo y está dirigida a los españoles que se sientan con capacidad de aportar su experiencia a la sociedad a través de un trabajo, percibiendo además la totalidad de la pensión que le corresponda
            Desde mediados de marzo de 2013, se permite compatibilizar el cobro del 50% de la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, a quienes hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y no tengan derecho a pensión completa. Es lo que el Gobierno denomina "pensionista activo". Hasta que esta medida entró en vigor, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
            El 67,3% de los españoles sí que estaría dispuesto a compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo a media jornada, según el estudio 'Los españoles ante el ahorro, la jubilación y el riesgo" realizado por el Instituto Aviva.

Share This